La Nación reporta que una comisión legislativa estudia imponer multas hasta por ¢220.000 por hacer llamadas indebidas al servicio de emergencias 911.Dos principios fundamentales en la ejecución de políticas públicas son los de: "efficiency" (conseguir un propósito empleando los medios idóneos) y "accountability" (obligación de rendir cuentas o responsabilidad transparentemente).
Estos dos principios se nutren uno del otro. Esto significa que funcionan como un balance de poderes entre sí, donde uno controla el otro.
En este caso particular, el proyecto de ley busca sancionar a aquellos que usan inadecuadamente el sistema de llamadas 911, obligándolos a rendir cuentas o hacerse responsables por sus acciones. Para lo cuál, busca emplear el medio idóneo para ejecutar esas sanciones. No obstante, me parece que la comisión se equivoca en la manera "eficiente" de hacer"rendir cuentas" para los causantes del daño. No hay proporción entre el costo de la llamada de "no emergencia" y el costo de la multa que se busca sancionar por tal acción.
El análisis político en este caso es incorrecto.
Alejandro Beeche Van der Laat
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